Desde la reforma del Código Penal de 2010, las personas jurídicas pueden ser declaradas penalmente responsables por determinados delitos cometidos en su seno o en su beneficio. Las consecuencias de una condena pueden incluir multas de gran cuantía, inhabilitación para contratar con la administración, intervención judicial de la sociedad o incluso su disolución.
Lo que hace especialmente relevante esta materia es que la responsabilidad penal de la empresa no depende solo de lo que hagan sus empleados o directivos: depende también de si la organización tenía o no implementados los controles y sistemas de prevención adecuados. Eso convierte la defensa en un análisis integral de la estructura, la cultura y los procesos internos de la empresa.
En Martín Porras Abogados abordamos estos casos desde una doble perspectiva: procesal y organizativa. Analizamos los hechos investigados, evaluamos la solidez del programa de cumplimiento existente y construimos una defensa que acredite el compromiso real de la empresa con la prevención del delito.
Sabemos que en estos procedimientos la defensa de la empresa y la defensa de sus directivos deben coordinarse con precisión. Gestionamos esa coordinación para que no haya contradicciones ni flancos descubiertos en ninguna de las dos.
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