La ciberseguridad tiene una dimensión legal que muchas empresas descubren demasiado tarde: cuando ya han sufrido un incidente. Una brecha de seguridad activa obligaciones de notificación inmediatas ante la AEPD y ante los afectados, genera responsabilidad frente a terceros y puede tener consecuencias penales si se acredita negligencia en la protección de los sistemas.
La Directiva NIS2, en vigor desde 2024, ha ampliado significativamente las obligaciones de ciberseguridad para empresas de sectores esenciales e importantes, con sanciones que pueden alcanzar los 10 millones de euros o el 2% de la facturación global. Cumplir con esas obligaciones no es opcional y requiere asesoramiento jurídico especializado.
En Martín Porras Abogados gestionamos el riesgo legal de la ciberseguridad de forma integral: antes del incidente, ayudando a las empresas a cumplir con sus obligaciones legales y a reducir su exposición; y después del incidente, gestionando las notificaciones obligatorias, coordinando la respuesta frente a terceros afectados y defendiendo a la empresa ante las autoridades competentes.
Trabajamos en coordinación con los equipos técnicos de ciberseguridad del cliente, porque la respuesta legal y la técnica tienen que estar perfectamente alineadas para minimizar el daño.
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