La apropiación indebida es el delito que se comete cuando alguien que ha recibido dinero, bienes o activos en virtud de una relación de confianza (depósito, comisión, administración, mandato) los incorpora a su patrimonio o los distrae en perjuicio de quien se los entregó.
En el entorno empresarial es un delito especialmente frecuente porque nace precisamente de relaciones de confianza: entre socios, entre empresa y empleado, entre cliente y proveedor, entre mandante y mandatario. Y porque la frontera con un incumplimiento contractual puede ser difusa, lo que exige una defensa técnica muy precisa desde el primer momento.
En Martín Porras Abogados analizamos estos casos desde su doble dimensión: penal y mercantil. Revisamos la naturaleza jurídica de la relación que originó la entrega de los bienes, identificamos si concurren realmente los elementos del tipo penal y construimos una defensa que desmonte la acusación en sus fundamentos.
Sabemos que en estos asuntos el relato importa tanto como el Derecho. Por eso trabajamos la estrategia procesal con el mismo rigor que el análisis jurídico.
Es la rama del Derecho Penal que se ocupa de los delitos que se producen en el entorno empresarial: fraudes, blanqueo, insolvencias punibles, administración desleal o delitos societarios. Exige una defensa que combine rigor técnico con conocimiento real del mundo de los negocios.
En el momento en que tenga conocimiento de que está siendo investigado o reciba cualquier comunicación de las autoridades relacionada con su actividad empresarial. En estos procedimientos actuar tarde tiene consecuencias difíciles de revertir.
El especialista en Penal Económico no solo conoce el Derecho Penal: entiende cómo funciona una empresa, sabe leer una contabilidad y conoce la lógica de las operaciones mercantiles. Esa combinación es imprescindible en casos de alta complejidad técnica y documental.
Sí. Desde 2010 las personas jurídicas pueden ser declaradas penalmente responsables. Las consecuencias pueden incluir multas elevadas, inhabilitaciones o incluso la disolución de la sociedad.
Son procedimientos habitualmente largos. La instrucción puede durar años en casos complejos. Por eso la estrategia de defensa tiene que estar pensada para el largo plazo desde el primer momento.
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