El Reglamento General de Protección de Datos y la normativa española de desarrollo establecen obligaciones concretas para cualquier empresa que trate datos personales: empleados, clientes, proveedores o usuarios. Obligaciones que van desde la elaboración del registro de actividades de tratamiento hasta la gestión de brechas de seguridad, pasando por la designación del delegado de protección de datos cuando es obligatorio.
Las sanciones por incumplimiento pueden ser muy elevadas — hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación global anual — pero el impacto reputacional de una brecha de datos o de una sanción pública de la AEPD puede ser igual o más dañino que la propia multa.
En Martín Porras Abogados abordamos la protección de datos como parte del sistema integral de gestión del riesgo legal de la empresa, no como un trámite aislado. Auditamos la situación actual, identificamos los incumplimientos y diseñamos un plan de adecuación realista y adaptado a la operativa de cada organización.
Cuando se produce una brecha o un procedimiento sancionador, actuamos con la misma rapidez e implicación directa que en cualquier otro asunto de defensa.
Estas materias suelen aparecer juntas en un mismo asunto.
