El AI Act europeo, en vigor desde 2024, establece un marco regulatorio vinculante para el desarrollo y uso de sistemas de inteligencia artificial. Las empresas que utilizan IA en sus procesos, productos o servicios tienen obligaciones legales concretas que dependen del nivel de riesgo de cada sistema: desde requisitos de transparencia hasta prohibiciones absolutas de determinados usos.
Más allá de la regulación específica, el uso de IA genera riesgos legales transversales que afectan a la protección de datos, la propiedad intelectual, la responsabilidad civil y en algunos casos la responsabilidad penal de los administradores. Gestionar esos riesgos de forma proactiva es una ventaja competitiva, no solo una obligación.
En Martín Porras Abogados analizamos el mapa de uso de IA de cada empresa, identificamos los riesgos regulatorios concretos y diseñamos un plan de cumplimiento adaptado a su realidad. Trabajamos con visión de negocio: el objetivo no es limitar el uso de la tecnología sino hacerlo de forma que la empresa esté protegida y pueda seguir innovando con seguridad jurídica.
Estas materias suelen aparecer juntas en un mismo asunto.
