Las insolvencias punibles son delitos que se producen cuando una situación de crisis económica empresarial va acompañada de conductas que la ley considera fraudulentas: ocultación de bienes, alzamiento de activos, generación artificial de deudas o gestión del concurso con ánimo de perjudicar a los acreedores.

Son casos que nacen frecuentemente en el contexto de un concurso de acreedores y que pueden derivar en responsabilidad penal para los administradores o directivos de la sociedad. La línea entre una mala gestión empresarial y un delito no siempre es clara, y por eso la defensa técnica desde el primer momento es determinante.