Los delitos societarios son infracciones penales que se producen en el ámbito interno de una sociedad: falsedad de cuentas anuales, acuerdos abusivos adoptados por administradores o socios mayoritarios, obstaculización de la labor de supervisión, negativa a convocar junta o imposición de acuerdos en perjuicio de la minoría.
Son delitos que nacen habitualmente de conflictos societarios mal gestionados o de conductas de abuso de posición dentro de la estructura de la empresa. Su particularidad es que combinan el Derecho Penal con el Mercantil, y que las consecuencias afectan tanto a la sociedad como a las personas físicas que la administran.
Los delitos societarios exigen dominar simultáneamente el Derecho Penal y el Mercantil. En Martín Porras Abogados trabajamos las dos dimensiones de forma integrada, lo que nos permite construir defensas más sólidas y anticipar los movimientos del procedimiento con mayor precisión.
Tanto si defendemos al acusado como si representamos a quien ha sufrido el daño, nuestro enfoque es el mismo: rigor técnico, visión empresarial y máxima implicación en cada fase del asunto.
Es la rama del Derecho Penal que se ocupa de los delitos que se producen en el entorno empresarial: fraudes, blanqueo, insolvencias punibles, administración desleal o delitos societarios. Exige una defensa que combine rigor técnico con conocimiento real del mundo de los negocios.
En el momento en que tenga conocimiento de que está siendo investigado o reciba cualquier comunicación de las autoridades relacionada con su actividad empresarial. En estos procedimientos actuar tarde tiene consecuencias difíciles de revertir.
El especialista en Penal Económico no solo conoce el Derecho Penal: entiende cómo funciona una empresa, sabe leer una contabilidad y conoce la lógica de las operaciones mercantiles. Esa combinación es imprescindible en casos de alta complejidad técnica y documental.
Sí. Desde 2010 las personas jurídicas pueden ser declaradas penalmente responsables. Las consecuencias pueden incluir multas elevadas, inhabilitaciones o incluso la disolución de la sociedad.
Son procedimientos habitualmente largos. La instrucción puede durar años en casos complejos. Por eso la estrategia de defensa tiene que estar pensada para el largo plazo desde el primer momento.
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