El blanqueo de capitales es uno de los delitos más complejos del Derecho Penal Económico. Consiste en introducir en el circuito económico legal fondos o bienes de origen ilícito, ocultando o disimulando su procedencia. Su investigación suele ser larga, con alto componente financiero y contable, y frecuentemente con dimensión internacional.
Lo que hace especialmente exigente la defensa en estos casos es su amplitud: el tipo penal es muy abierto, las diligencias de investigación son intrusivas y las consecuencias (embargo de activos, intervención de cuentas, responsabilidad penal de la persona jurídica) pueden ser devastadoras para una empresa antes incluso de que haya condena.
Los casos de blanqueo exigen dominar el Derecho Penal y entender la lógica financiera que hay detrás. En Martín Porras Abogados analizamos la estructura de las operaciones, identificamos los argumentos de defensa desde la fase más temprana y trabajamos con peritos y especialistas cuando la complejidad del asunto lo requiere.
Actuamos con la misma contundencia en la fase de instrucción que en el juicio oral, y tenemos capacidad para intervenir en procedimientos con componente internacional o ante la Audiencia Nacional.
Es la rama del Derecho Penal que se ocupa de los delitos que se producen en el entorno empresarial: fraudes, blanqueo, insolvencias punibles, administración desleal o delitos societarios. Exige una defensa que combine rigor técnico con conocimiento real del mundo de los negocios.
En el momento en que tenga conocimiento de que está siendo investigado o reciba cualquier comunicación de las autoridades relacionada con su actividad empresarial. En estos procedimientos actuar tarde tiene consecuencias difíciles de revertir.
El especialista en Penal Económico no solo conoce el Derecho Penal: entiende cómo funciona una empresa, sabe leer una contabilidad y conoce la lógica de las operaciones mercantiles. Esa combinación es imprescindible en casos de alta complejidad técnica y documental.
Sí. Desde 2010 las personas jurídicas pueden ser declaradas penalmente responsables. Las consecuencias pueden incluir multas elevadas, inhabilitaciones o incluso la disolución de la sociedad.
Son procedimientos habitualmente largos. La instrucción puede durar años en casos complejos. Por eso la estrategia de defensa tiene que estar pensada para el largo plazo desde el primer momento.
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